Santo Domingo Oeste, R.D.– Las autoridades judiciales emitieron una orden de arresto contra Thelma Margarita Martínez Polanco, señalada de suplantar funciones legales sin la debida acreditación profesional, en un caso que también involucra denuncias de fraude, chantaje y manipulación de procesos en perjuicio de varias víctimas.
La disposición fue autorizada el 23 de febrero de 2026 por el magistrado Reyes Rodríguez Rodríguez, de la Jurisdicción de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, tras acoger la solicitud del Ministerio Público. El órgano persecutor sostiene que existen evidencias que comprometen a la imputada en violaciones a los artículos 405 y 408 del Código Penal Dominicano, relacionados con estafa y abuso de confianza.
Según el expediente, la investigada habría ejercido actividades propias de la abogacía sin contar con habilitación legal. Este señalamiento fue corroborado mediante una certificación del Colegio de Abogados de la República Dominicana, firmada por su presidente, Trajano Vidal Potentini, en la que se establece que no figura como miembro activo ni posee autorización para ejercer conforme a la Ley 3-19.
Denuncias agravan el caso
El proceso adquirió mayor dimensión tras la querella interpuesta por la empresaria Diana Carolina Romero Ávila, quien afirma haber sido víctima de un esquema fraudulento. De acuerdo con su testimonio, la acusada habría simulado procesos judiciales inexistentes con el objetivo de exigir pagos reiterados bajo amenazas, alegando incluso supuestos vínculos con representantes del sistema judicial.
La denunciante asegura que entregó cerca de seis millones de pesos, además de enfrentar consecuencias graves como su detención durante tres meses y el cierre de su centro de servicios de salud. Asimismo, sostiene que la señalada utilizaba una identificación falsa y que su accionar podría formar parte de un patrón delictivo que afectaría a otras personas.
Sin intención de conciliación
El abogado de la parte querellante, Jesús Piña Tavares, precisó que no contemplan acuerdos económicos, al tiempo que insistió en que el proceso debe avanzar hasta que se impongan las sanciones correspondientes. A la imputación inicial se suma la presunta violación del artículo 305 del Código Penal, relativo a amenazas, lo que agrava su situación jurídica.
Medida de arresto y curso del proceso
La resolución judicial establece que, una vez ejecutada la detención, el Ministerio Público deberá presentar a la acusada en un plazo máximo de 48 horas ante un juez de instrucción, quien determinará la imposición de medidas de coerción o su eventual libertad. La orden deberá cumplirse respetando las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El documento también advierte que existe riesgo de fuga, ocultamiento o evasión del proceso, razones que justifican la adopción de la medida cautelar conforme al artículo 229 del Código Procesal Penal.
Las investigaciones continúan bajo la dirección de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Oeste, que profundiza las indagatorias para esclarecer el alcance de la presunta red de extorsión.
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