Por: Abraham Pérez
La Ley 22520 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos fue aprobada en el año 2020 como respuesta a una deuda histórica del país, que persigue cumplir con la falta de un marco moderno para manejar los desechos, reducir los vertederos a cielo abierto y asegurar un financiamiento estable para esta responsabilidad compartida entre el Estado, los municipios y el sector productivo. Su espíritu original fue ordenar, profesionalizar y hacer sostenible la gestión de los residuos sólidos en la República Dominicana.
A seis años de su promulgación, la ley vuelve al centro del debate a partir de varias posiciones de expertos y conocedores de este tema, siendo una de las más reciente, la propuesta del senador Eduard Espiritusanto, del partido Fuerza del Pueblo, quien plantea revisar el esquema de contribuciones. Su iniciativa busca sustituir el modelo uniforme actual por uno proporcional, que tome en cuenta la actividad económica, el volumen de residuos generados y la capacidad contributiva, además de excluir del pago a las organizaciones sin fines de lucro y eliminar el aporte fijo de RD$20 por habitante destinado a los ayuntamientos.
Desde esta óptica, la reforma apunta a corregir posibles inequidades y a evitar cargas que, según el legislador, no responden a criterios técnicos claros o podrían generar distorsiones en su aplicación. Es una postura que pone sobre la mesa la necesidad de evaluar los impactos económicos de la ley y su coherencia con otras normativas vigentes.
En contraste, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) ha manifestado su rechazo a la eliminación de ese aporte, al considerar que afectaría directamente la autonomía financiera municipal. Para los ayuntamientos, estos recursos no representan una carga para la ciudadanía, sino una fuente legítima de financiamiento pagada por empresas e instituciones, deducible del impuesto sobre la renta y clave para sostener los servicios vinculados a la gestión de residuos.
Más que posiciones irreconciliables, el debate refleja una tensión comprensible entre dos preocupaciones legítimas: garantizar equidad y racionalidad en las contribuciones, y al mismo tiempo proteger la capacidad de los gobiernos locales para cumplir sus funciones. Ambos enfoques coinciden, al menos en lo esencial, en la importancia de que la citada ley funcione y logre su propósito ambiental y social.
El reto, entonces, no debería ser desmontar la ley ni defenderla a ciegas, sino ajustarla con diálogo y consenso, preservando su objetivo original y fortaleciendo la corresponsabilidad entre el sector productivo y los municipios. Una revisión técnica y concertada puede convertirse en una oportunidad para mejorar la normativa sin debilitar la descentralización ni el sistema de gestión de residuos que el país necesita.
En un tema tan sensible como el manejo de los desechos sólidos, ganar una discusión política nunca será tan importante como lograr una solución sostenible y compartida.
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