Santo Domingo.– En medio del escenario de incertidumbre ertidumbre económica provocado por la escalada del conflicto en Medio Oriente,diversos sectores han comenzado a cuestionar dos procesos de licitación publicados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que dirige Andrés Bautista, cuyo monto combinado supera los RD$790 millones.
El primero corresponde al procedimiento identificado como MAPRE-CCC-SI-2026-0001, titulado “Adquisición de camiones compactadores para donación”, con un precio estimado total de RD$750,000,000. El proceso se encuentra actualmente en la fase de presentación de ofertas y se desarrolla bajo la modalidad de subasta inversa, de acuerdo con los datos publicados en el portal de compras públicas.
Según la descripción oficial, el objetivo es la compra de camiones compactadores que serían entregados en calidad de donación, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los criterios de selección ni las entidades que resultarían beneficiadas con dichas unidades.
A este proceso se suma la licitación MAPRE-CCC-LPN-2026-0001, correspondiente a la “Contratación de servicios especializados de producción audiovisual”, con un monto estimado de RD$40,000,000, también en fase de presentación de ofertas y bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional.
Las convocatorias han generado interrogantes en distintos sectores que consideran que, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y presiones sobre los mercados energéticos, el Gobierno debe priorizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Analistas advierten que el conflicto en Medio Oriente ha provocado volatilidad en los precios del petróleo, incertidumbre en los mercados y presiones inflacionarias, lo que obliga a los gobiernos a manejar con mayor prudencia el gasto público.
Ante estas inquietudes, observadores han reiterado la necesidad de que ambos procesos se desarrollen con total transparencia y apego a la Ley de Compras y Contrataciones, garantizando igualdad de condiciones para los oferentes y claridad sobre el impacto y destino final de los recursos comprometidos.
Hasta el momento, el Ministerio Administrativo de la Presidencia no ha ofrecido detalles adicionales sobre el alcance específico de estas contrataciones ni sobre los beneficiarios finales de los equipos y servicios contemplados en las licitaciones.
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