Las víctimas, que depositaron un memorial de revisión ayer, expresaron su desamparo ante la decisión del juez, argumentando que el magistrado tenía la obligación constitucional de proteger sus vidas.
Casimiro Valbuena quien es uno de los afectados al igual que otros, manifestó su decepción total, alegando que la población buscaba justicia con la constitución y la ley en sus manos, pero el juez las negó.
El abogado Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de INSAPROMA y representante de los afectados, criticó que el juez se apartó de su responsabilidad constitucional preventiva.
Cuevas Medina acusó al juez de no valorar pruebas sustanciales en donde el artículo 67 de dicha Carta Magna le manda a tomar medida precautoria en favor del medio ambiente y de las personas y no lo hizo.
INSAPROMA, en busca de justicia, ha solicitado al Tribunal Constitucional la revocación de la sentencia, calificándola como abusiva, injusta e inconstitucional.
La organización busca proteger el derecho fundamental a un medio ambiente sano y equilibrado, así como la salud de más de 300 personas afectadas en esas comunidades.
La petición incluye la cancelación de la licencia y la paralización de cualquier actividad relacionada con el proyecto mientras que la comunidad aguarda una respuesta que garantice la justicia y el respeto por el medio ambiente
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