Exigen el cumplimiento efectivo de la Ley 63-17 para evitar maniobras imprudentes y proteger a la ciudadanía, especialmente ante el inicio del año escolar.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La proliferación de infracciones de tránsito cometidas de manera cotidiana por conductores de motocicletas pone en evidencia un grave problema de fiscalización y control vial en el país, lo que incrementa el riesgo de accidentes fatales y genera un ambiente de desorden generalizado en las calles.

A pesar de que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece normas claras para todos los usuarios de la vía pública —como la prohibición general de rebasar por la derecha y la obligación de portar placas visibles—, maniobras como circular a exceso de velocidad entre vehículos, ignorar semáforos y transitar sin identificación se han convertido en prácticas habituales.

El problema afecta por igual a deliveries, mensajeros, motoconchistas y particulares. Estas acciones obligan a los conductores de otros vehículos a realizar maniobras de emergencia que, en muchos casos, terminan provocando colisiones. Asimismo, existe una marcada preocupación entre los ciudadanos sobre la asimetría al determinar responsabilidades tras un siniestro, prevaleciendo la percepción de que el vehículo de mayor tamaño suele ser culpabilizado sin considerar la imprudencia del motociclista.

Diversos sectores señalan que el desafío actual no es la falta de marco legal, sino la ausencia de una fiscalización rigurosa y equitativa. «Cuando una infracción se repite todos los días sin consecuencias, deja de percibirse como una falta y se convierte en costumbre», advierte el análisis sobre la problemática.

La situación adquiere mayor urgencia ante el incremento del flujo vehicular por el inicio del año escolar, período en el que aumenta la circulación de niños y adolescentes en las vías públicas.

Sin pretender estigmatizar a un sector clave para la economía de miles de familias, se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para aplicar la ley con igual rigor para todos los conductores y garantizar el registro y control efectivo del parque vehicular de motocicletas

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