Representantes de la familia Rosario aseguran que la empresa minera Barrick Pueblo Viejo no cumple con las indemnizaciones a familias propietarias de más de 700 parcelas.
Recuerda que los sucesores de la familia Rosario son los legítimos propietarios de una tercera parte de los terrenos usufructuados por la multinacional canadiense y el Estado dominicano.
En tal sentido, informaron que a través de la Central del Derecho (LPR-SRL), mantienen un litigio con la empresa minera en reclamo de la indemnización por uso, usufructo y explotación de unas 50 mil familias propietarias y ocupantes de los terrenos en la provincia Sánchez Ramírez.
Detallan que las demandas ante la minera y el Estado consisten en oposiciones a títulos de los terrenos propiedad de los sucesores descendientes Rosario, así como también de embargos retentivos hechos en bancos nacionales como el Banco Central de la Republica Dominicana entre otros.
También demandas en tribunales internacionales ante las Naciones Unidas por el incumplimiento a los propietarios de más de 700 parcelas mineras ubicadas en el radio de explotación que realizan en la referida provincia así como por la contaminación ambiental contra los ríos y la atmosfera, por la explotación minera, realizada a cielo abierto.
El abogado Johnny Portorreal Reyes y la Central del Derecho reclamaron ante el tribunal de Cotuí, bajo el estado de derecho que se incluyó en la Constitución dominicana en el año 2010, que establece que si los acuerdos entre el Poder Ejecutivo, el Estado Dominicano o el Congreso Nacional perjudican a los ciudadanos, estos pueden hacer uso de ese recurso constitucional.
Aseguran que Portorreal Reyes acudió al Congreso Nacional a sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados y dentro de la misma Barrick Gold donde demostró que sus clientes son los propietarios de más de la tercera parte de esos terrenos mineros.
Las demandas realizadas en el tribunal inmobiliario de Cotuí constan de títulos de propiedad y de la sentencia número 2013-0415con la que poseen derecho a reclamar esos terrenos mineros al Estado dominicano y a la Barrick Gold, emitida por dicho tribunal en el año 2013.
Agregan que el tribunal dio autorización a reclamar las parcelas, que poseen unos 53 títulos originales activos y 118 títulos territoriales, pagados al Ministerio de Hacienda y registrados en el Registro de Títulos e Hipotecas de la provincia de La Vega, Republica Dominicana.
En conclusión, sostienen que la empresa minera no puede hacer uso de los terrenos, hasta que haya una sentencia definitiva, debido a que la Central del Derecho y Johnny Portorreal mantienen el embargo.
Durante una rueda de prensa, frente a la Barrick, la Central del Derecho exigió la justa indemnización y reubicación de las familias ocupantes o propietarios de los terrenos, ya que la reubicación es un derecho contemplado y sancionado en la ley de minería.
“Estos deben ser humanamente reubicados y comprarles sus plantaciones agrícolas al precio de mercado, así como pagarles a lo que están titulados sus derechos como terrenos mineros”.
Recuerdan que ellos tienen más de 200 años instalados en esos terrenos.
Recuerdan que. el pasado 16 de este mes, la Suprema Corte de Justicia notificó a Portorreal Reyes la sentencia que lo descarga de toda responsabilidad disciplinaria, ante la suspensión de dos años que le había dado el Colegio de Abogados de la Republica Dominicana en el año 2018.
Portorreal Reyes, quien representa legalmente los derechos de más de 50 mil descendientes de la familia Rosario, guarda prisión en un centro de reclusión por presunta estafa a la Barrick Gold y al Estado dominicano.
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