Faride Raful insta a la colaboración entre ciudadanía y autoridades para fortalecer el orden público
Montecristi.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reiteró la importancia de la participación de la ciudadanía junto a las autoridades locales para fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta a las necesidades comunitarias en la provincia de Montecristi.
Durante su intervención en la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, la ministra enfatizó que la labor de los servidores públicos debe centrarse en la escucha activa y la búsqueda de soluciones efectivas. «Si las autoridades no entendemos que estamos para servir, escuchar a la ciudadanía y generar resultados, nos estamos equivocando como país», expresó.
Raful destacó que el desarrollo de los territorios se traduce en una mejor calidad de vida para todos, y enfatizó la necesidad de asumir responsabilidades dentro del marco normativo correspondiente. «Cada uno de nosotros debe cumplir con su rol para garantizar el orden y la seguridad», señaló ante representantes de diversas instituciones públicas y la comunidad.
En este contexto, reafirmó los esfuerzos del Ministerio de Interior y Policía, en conjunto con la Dirección de Asuntos Internos, para evaluar y supervisar el desempeño de los miembros de la Policía Nacional, reconociendo a quienes cumplen con su labor de manera efectiva y tomando medidas correctivas en los casos necesarios.
Asimismo, resaltó el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta en la evaluación semanal de los incidentes de seguridad ciudadana y el proceso de reforma y transformación policial, con el objetivo de fortalecer la Policía Nacional y dignificar el ejercicio policial.
«Está demostrado que el patrullaje efectivo y el control del expendio de bebidas alcohólicas contribuyen significativamente a la seguridad. No es aceptable que se altere el orden en áreas residenciales con música a un alto volumen hasta altas horas de la madrugada», afirmó la ministra.
Raful también instó a la comunidad a respetar las leyes y normas de convivencia, resaltando que muchos de los hechos violentos en la provincia tienen origen en conflictos sociales. Además, aseguró que se trabajará en conjunto con la Policía Nacional para abordar el problema de motociclistas que realizan maniobras peligrosas en las calles.
Por su parte, la viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Ángela Jáquez, felicitó a la comunidad por la reducción de la tasa de homicidios, que al cierre de 2024 se sitúa en aproximadamente 11 por cada 100,000 habitantes, frente al 12 % registrado en 2023 y el 16 % en 2022. También destacó avances en la lucha contra el cuatrerismo y la reducción de incidentes relacionados con armas de fuego y armas blancas.
Demandas ciudadanas y compromisos institucionales
Durante el encuentro, representantes de juntas de vecinos y autoridades locales expusieron diversas inquietudes, entre ellas la necesidad de una mayor dotación policial, mejoras en la infraestructura de los destacamentos y el incremento de policías auxiliares y municipales en comunidades como Castañuelas, Palo Verde, Pepillo Salcedo y Villa Elisa.
Asimismo, expresaron preocupación por la presencia de un alto número de ciudadanos indocumentados en la zona, señalando su posible relación con actos delictivos y redes de tráfico de personas y prostitución. También abogaron por la implementación de programas de educación vial y controles en las carreteras, ante el incremento de accidentes de tránsito en la provincia.
La ministra Raful exhortó a la ciudadanía a participar activamente en las reuniones mensuales de las mesas de seguridad, destacándolas como espacios fundamentales para el diálogo y la construcción de soluciones conjuntas. Además, se comprometió a regresar a Montecristi para dar seguimiento a las principales demandas en materia de seguridad y migración.
El evento, celebrado en la Gobernación de Montecristi, contó con la presencia de la gobernadora Nelsy de la Cruz; el senador de la provincia, Bernardo Alemán; los diputados Johanny Martínez y Rosendy Gómez; la procuradora fiscal Grimaldi Oviedo; el director del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas, Fermín Domínguez; así como alcaldes, directores municipales, representantes de organizaciones sociales, líderes religiosos y miembros de juntas de vecinos.
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