Santo Domingo, República Dominicana.– El periodista Andrés Castillo planteó la necesidad de que las autoridades competentes en materia electoral y legislativa evalúen una reforma al marco jurídico dominicano para establecer como requisito de elegibilidad que quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular, desde las regidurías hasta la Presidencia de la República, cuenten con una formación académica de nivel superior.
La propuesta fue formulada durante una ponencia en la que Castillo sostuvo que el país necesita elevar progresivamente el nivel de preparación de quienes tienen bajo su responsabilidad la administración de recursos públicos, la elaboración de normas y la toma de decisiones que inciden directamente en la vida de la ciudadanía.
Castillo considera que la preparación universitaria puede aportar herramientas de análisis, planificación, administración, comprensión de las leyes y formulación de políticas públicas que resultan necesarias para enfrentar con mayor solvencia los desafíos que plantea la gestión del Estado y de los gobiernos locales.
“No se trata de excluir a nadie por su condición social ni de limitar la participación política, sino de elevar las capacidades de quienes aspiran a administrar recursos públicos y tomar decisiones que afectan a toda la sociedad”, planteó el comunicador durante su exposición.
Una propuesta que abre el debate sobre la calidad de la representación
El planteamiento abarca los diferentes niveles de elección popular: regidores, alcaldes, diputados, senadores y presidente de la República, bajo la premisa de que las responsabilidades públicas requieren cada vez mayores niveles de conocimiento y preparación.
Castillo entiende que un funcionario electo debe estar en condiciones de interpretar presupuestos, leyes y reglamentos, evaluar proyectos, analizar políticas públicas y comprender las consecuencias económicas y sociales de las decisiones que adopte desde una posición de poder.
La Junta Central Electoral (JCE) es el órgano encargado de administrar y conducir los procesos electorales y, junto con las disposiciones constitucionales y legales, interviene en el marco que regula las candidaturas y elecciones.
La legislación vigente contempla requisitos para quienes aspiran a cargos de elección popular, pero la propuesta de Castillo busca incorporar la formación universitaria como un nuevo criterio dentro de ese esquema.
El periodista argumenta que el crecimiento y la complejidad de la administración pública dominicana demandan dirigentes capaces de desenvolverse en áreas como economía, derecho, administración, planificación, tecnología, medioambiente, políticas sociales y gestión municipal.
A su juicio, contar con estudios superiores no debería ser visto únicamente como un requisito académico, sino como parte de una política destinada a fortalecer las competencias de quienes ocuparán posiciones desde las cuales deberán tomar decisiones de alto impacto.
No obstante, la propuesta también abre un debate de carácter constitucional y democrático: hasta dónde puede llegar el establecimiento de requisitos adicionales para acceder a cargos electivos sin afectar el derecho ciudadano a elegir y ser elegido.
La Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reconoce el derecho de sus miembros a elegir y ser elegidos para funciones de dirigencia o para postulaciones a cargos de elección popular, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes.
Es derecho esencial de los miembros de un partido, movimiento o agrupación política: el elegir y ser elegid.
Por ello, Castillo entiende que una eventual modificación tendría que ser discutida ampliamente por el Congreso Nacional, los partidos políticos, la JCE, especialistas en derecho constitucional y electoral, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
“El país necesita funcionarios preparados para los nuevos desafíos”
El comunicador sostuvo que la discusión no debe reducirse a la cantidad de títulos académicos que pueda exhibir un candidato, sino a la necesidad de establecer estándares mínimos de preparación para el ejercicio de la función pública.
En ese sentido, propuso que el debate pueda incluir mecanismos complementarios, como programas de formación obligatoria en administración pública, legislación, ética, presupuesto, transparencia y gestión municipal para quienes aspiren a cargos electivos.
Castillo considera que una democracia sólida no solamente necesita ciudadanos con derecho al voto, sino también representantes capaces de comprender la dimensión y las consecuencias de las responsabilidades que asumirán.
Su propuesta queda ahora planteada como un tema de discusión pública: si la preparación académica debe convertirse en uno de los requisitos para aspirar a cargos de elección popular en la República Dominicana y, de ser así, cómo establecerla sin vulnerar los principios constitucionales de participación política e igualdad.
La iniciativa busca colocar sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia una clase política con mayores herramientas académicas y técnicas para responder a los retos económicos, sociales, institucionales y administrativos que enfrenta el país.
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