La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) expresa su más enérgico rechazo a la propuesta de modificación del Artículo 24 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, la cual busca crear un «régimen de planificación vinculada», por considerarla una grave amenaza a la autonomía municipal y, en especial, un golpe letal a la gobernanza y representatividad democrática de las juntas de distrito municipal en todo el país.


Aunque la iniciativa se presenta bajo el noble propósito de la coordinación, su carácter «vinculante» u obligatorio es un eufemismo para la imposición de planes supramunicipales que anularían la capacidad de decisión de las autoridades locales, contraviniendo el espíritu de la Constitución y el principio de descentralización territorial que propugna.


De manera particular, FEDODIM alerta que esta propuesta representa un retroceso sin precedentes para el municipalismo y tendría un impacto devastador sobre los más de 235 distritos municipales, al convertirlos en meros espectadores de las decisiones que afectan a su territorio. El «régimen vinculado» crearía una peligrosa doble subordinación, donde una junta de distrito no solo estaría sujeta al ayuntamiento del municipio, sino también a un acuerdo negociado por éste con otros municipios, en el cual la junta de distrito no tendría ni voz ni voto.


Pedro Richardson, director ejecutivo de FEDODIM, manifestó la profunda preocupación de la entidad: «Esta propuesta, aunque se disfrace de coordinación, es en realidad un misil a la línea de flotación de la democracia local. Se pretende borrar de un plumazo la voz de las comunidades, imponiendo desde arriba un modelo de planificación que ignora las necesidades de nuestra gente. Un plan ‘vinculado’ negociado entre dos ayuntamientos municipales puede condenar a un distrito al abandono o a un desarrollo que no le beneficia en nada. Es inaceptable».


La propuesta es, además, legislativamente innecesaria. La Ley 368-22 ya contempla los Planes Especiales de Ámbito Supramunicipal como la herramienta idónea para la planificación coordinada, mientras que la Ley 176-07 ofrece las mancomunidades como mecanismo de asociación voluntaria. «No necesitamos más leyes que generen conflictos y vacíen de contenido a nuestras instituciones locales. Necesitamos que se cumplan y se fortalezcan las existentes», agregó Richardson.

Por ello, hacemos un llamado patriótico a los diputados proponentes a retirar esta dañina iniciativa y abrir un diálogo sincero para fortalecer los mecanismos que ya tenemos, siempre garantizando el respeto a las autoridades locales elegidas por el pueblo en un territorio».


FEDODIM exhorta al Congreso Nacional a defender la descentralización y la democracia de proximidad, rechazando una modificación que, en lugar de ordenar, generaría caos, conflictos de competencia y una profunda erosión de la institucionalidad municipal

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